De momento, solo Ciudadanos asume la demanda #PorUnaLeyJusta promovida por Anna González para endurecer el Código Penal. Tras meses de negociación en la Comisión de Justicia del Congreso, los representantes de los partidos políticos han decidido aplazar la sesión una semana a petición del Gobierno y no enviar el proyecto de ley a debatir. Las quejas de las víctimas, encabezadas por la ACP y Anna González, han causado su efecto.

Desde hace unos años, Anna González, la viuda de un ciclista, impulsa el endurecimiento de las penas para los culpables de atropellos a través de una campaña de recogida de firmas en #PorUnaLeyJusta. La postura de Ciudadanos ha sido clave para parar la tramitación de la ley, ya que su portavoz, Irene Rivera, sí asumía al completo las enmiendas de las víctimas.

El principal escollo para el acuerdo es el concepto de imprudencias menos graves. Los magistrados califican casi todos los accidentes de imprudencias leves, que desde la reforma de 2015 están excluidas de la jurisdicción penal para recaer en la civil. En ese ámbito, las víctimas no tienen apoyo del fiscal ni del forense, ni el proceso es gratuito, con lo que la mayoría acaba desistiendo en sus reclamaciones. Un panorama que favorece claramente a las compañías de seguro que indemnizan a la baja.

Anna González impulsa #PorUnaLeyJusta, que busca una reforma del Código Penal para que se endurezcan las penas en caso de accidentes de tráfico, tanto leves como graves. La campaña, avalada por la Asociación de Ciclistas Profesionales (ACP), propone que todos los accidentes que se deban a una infracción de tráfico que cause muerte o lesiones sean considerados al menos imprudencia menos grave, pero los parlamentarios han incluido solo los casos en los que las lesiones sean invalidantes, que incapaciten de por vida a la víctima.

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